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La nueva etapa de
transparencia electoral
MICHELLE GUEVARA
mexico, DF — Las elecciones presidenciales de 2006 pasarán a la historia porque será
la primera vez en más de siete décadas que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) será el partido de la oposición..
Pero estos comicios
también serán únicos por las nuevas reformas que se han aprobado para asegurar
que todos los partidos compitan de forma equitativa y transparente.
El Instituto Federal
Electoral (IFE), creado hace 15 años, ha dado pasos para fomentar la confianza
de los votantes en el proceso electoral en la última década aumentando la
participación ciudadana en elecciones federales y locales. Ahora buscan hacer
más transparente la forma en que los candidatos usan recursos públicos para sus
campañas.
"La transparencia en
estas elecciones es el nuevo ingrediente que se adiciona a los controles que se
habían dado en el pasado", dijo Andrés Albo, presidente de la Comisión de
Fiscalización del IFE. "Pero más que de la parte de la organización, [los
cambios se han producido] en la competencia electoral".
El Reglamento de
Fiscalización de Coaliciones, aprobado el 11 de noviembre en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, obliga a los partidos a presentar
tres informes parciales de gastos de campaña durante 2006, incluyendo sus gastos
en los medios de comunicación, un aspecto polémico por la falta de supervisión
que han tenido hasta ahora.
Antes los partidos
presentaban sólo un informe tras concluir las elecciones.
Como parte de esta
nueva ley, los partidos también deberán entregar una carta que autorice al IFE
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información de cuentas
bancarias de los partidos para poder verificar el origen del dinero.
A partir de 1986,
cuando se consagra por vez primera el derecho de los partidos a recibir
financiamiento público, el grueso de los ingresos de los partidos proviene del
gobierno y no de donantes particulares.
El financiamiento
público que se otorgó a todos los partidos en 2000, año de las últimas
elecciones presidenciales, fue casi $147 millones para actividades generales, y
$141 millones para gastos de campaña. Está previsto que reciban un monto similar
para 2006.
La mitad de esa cifra
se distribuye según el número de votos alcanzado por cada partido político en la
última elección de diputados federales y el otro 50% en función del número de
diputados federales electos.
Sin embargo, hasta
ahora no existían los mecanismos para supervisar cómo los partidos invierten su
dinero durante el proceso electoral. Las nuevas medidas del IFE tienen por fin
dar más información al ciudadano para que sepa el destino del dinero del
candidato de su interés. Con ello el IFE busca fomentar uno de sus objetivos: la
promoción del voto informado, dijo Albo.
Lecciones del pasado
Los dos hitos en la
historia del IFE en cuanto a la infracción de leyes electorales son los
escándalos del fondo privado Amigos de Fox, del presidente Vicente Fox, y el
caso Pemexgate, sobre las donaciones del sindicato de la estatal Petróleos
Mexicanos a la campaña de Francisco Labastida, candidato del PRI, en las
elecciones presidenciales de 2000.
En el caso de Amigos
de Fox, representantes del PRI presentaron quejas que el fondo de Fox había
recibido recursos del exterior y de ocultamiento de gastos de campaña por parte
de Lino Korrodi, responsable de las finanzas del Partido Acción Nacional (PAN).
Las acusaciones, expuestas por el diputado priista Enrique Jackson, describieron
cómo Korrodi estableció una red de transferencias de dinero del exterior a
México por medio de empresas que manejaba.
En el caso Pemexgate,
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia sobre la
base de un reportaje periodístico publicado a mediados de 2001 en el que se
indicó el posible desvío de fondos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana al PRI. Se descubrió que Petróleos Mexicanos le otorgó un
préstamo de unos $64 millones al sindicato, que fue entregado por medio de un
"traslado de valores" a por lo menos cinco altos funcionarios del PRI.
En ambos casos el IFE
logró comprobar que los partidos cometieron infracciones y les impuso multas. El
IFE multó al PRI con unos $100 millones y el PAN, del presidente Fox, pagó una
multa de unos $36 millones. El mandatario no fue multado ni recibió sanción
alguna, aunque la campaña lo llevó al poder.
"La enseñanza quizás
importante es que el proceso electoral es un todo y no se puede señalar un
principio formal a partir de lo que la ley dice" afirmó Albo.
Los responsables
Luis Carlos Ugalde,
presidente consejero del IFE, dijo que el reglamento de fiscalización representa
uno de los pasos más significativos dados por el organismo electoral en materia
de rendición de cuentas y favorece un enfoque preventivo sobre uno de sanciones.
No obstante, el
reglamento indica que "en el caso de infracciones relacionadas con ingresos de
una coalición se sancionará al partido y cuando se trate de violación a los
topes de gastos de campaña, se impondrán sanciones equivalentes a todos los
partidos coaligados".
Pero algunos analistas
dicen que una de las grandes lecciones de los escándalos de Amigos de Fox y
Pemexgate es que debe haber consecuencias y castigos más severos para los
políticos que violen las leyes, además de sus partidos.
Aunque la multa de
$100 millones impuesta al PRI representa una importante suma de dinero, la
sanción no se le cobra al partido, sino que se le descuenta de los recursos
públicos a futuro. El PRI terminará de pagar esa sanción en enero de 2006.
Como el castigo es
monetario, dice Leo Zuckermann, investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económica, "algunos políticos lo ven como un impuesto para gobernar".
Añade: "Se necesitaría
buscar nuevos mecanismos para que la fiscalización de la financiación se hiciera
a priori y se castigue inmediatamente, incluso a los candidatos".
Aunque la
democratización y saneamiento del proceso electoral siguen inconclusos, los
logros en poco más de una década han sido importantes para un sistema en el que
el gobierno solía no sólo controlar el proceso electoral, sino también el
resultado y sus participantes.
Hoy en día, dice Luis
Rubio, Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, la estructura
política no le da a nadie una ventaja por encima de sus habilidades en estas
elecciones presidenciales. "Promete ser una elección muy cerrada. Va a ser una
en la que las ventajas de cada uno de los competidores son estrictamente las de
los candidatos o partidos y no factores externos como en el pasado en el PRI".
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